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Desde que en 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la situación de la infancia ha mejorado a nivel mundial, aunque aún queda mucho por hacer, y no solo en los países en vías de desarrollo, también en nuestro entorno más cercano.
En las últimas décadas, las instituciones sociales han realizado un gran trabajo de concienciación acerca de este colectivo tan vulnerable, y se han señalado algunos hechos tangibles como motores fundamentales del cambio hacia una infancia más saludable:
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En este post te pondremos al día de las nuevas modificaciones que se implementaron en 2021 en la Ley de Protección a la Infancia y veremos cómo la sociedad ha cambiado su conciencia acerca de este grupo sensible a la exclusión social. Además, detallaremos cuál es el rol del trabajador social para la infancia.
Aunque el porcentaje de niños y niñas en riesgo severo de exclusión social en España se haya reducido en los últimos años, aún persisten cifras que indican que el 27,4% de los niños y niñas vive en riesgo moderado de pobreza y que el 13,1% está riesgo alto de sufrirlo.
Esto significa que, un gran grupo de niños y niñas vive en familias que no podría solventar situaciones de escasez, que no tiene acceso a la educación preescolar o que sufre carencias en su desarrollo tanto físico como intelectual, sumando a esto la famosa brecha digital y la dificultad que tendrán de adultos para encontrar empleo o integrarse en la sociedad.
Para paliar esta situación, la ONG Unicef propone a las instituciones públicas y privadas, y a los servicios sociales, prestar una especial atención a aquellos que se encuentran en una situación especialmente vulnerable, centrándose en mejorar la calidad de los servicios de los Equipos de Participación Infantil por el Cambio y su alcance.
Algunos de los objetivos que mantiene esta entidad son: diseñar actividades en la plataforma de infancia, hacer un seguimiento exhaustivo de las propuestas presentadas a los diferentes organismos, valorar y seguir cuestiones específicas, conseguir aportaciones y participar en propuestas para nuevas normativas.
Por supuesto, otros puntos a abordar sería el campo de la educación, la sanidad y la vivienda, problemas que sufren de base sus familias.
El pasado 5 de junio de 2021, se publicó la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Se trata de una regulación integral que engloba la protección desde las edades más tempranas hasta el momento de enfrentarse a un juicio.
Los principales cambios implementados en esta ley vienen a raíz de la necesidad de adecuar contextualizar la normativa nacional al ámbito legislativo internacional, en el que destacan: el Convenio de Lanzarote para la erradicación de la explotación sexual y el abuso, el Convenio sobre la lucha contra la trata de blancas y el Convenio de Estambul sobre la violencia doméstica. En cuanto al contexto nacional, se focalizan los esfuerzos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Agenda 2030.
También se modifican aspectos y conceptos como: Violencia, entendida como la “presencia de cualquier comportamiento violento en el ámbito familiar”.
Se promocionan los “principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de niños, niñas y adolescentes”.
Además, se hace especial mención al derecho del menor a ser escuchado en los procesos judiciales y al deber a comunicar a las autoridades cualquier indicio de violencia, especialmente exigible a personas cuya profesión o cargo esté especialmente vinculado con la infancia.
Con esta nueva ley, también aparecen nuevas figuras para la sensibilización, la prevención y la detección precoz de la violencia, como el Coordinador de bienestar y protección en centros educativos. Este perfil se encarda de diseñar e implementar planes para la protección de los menores y para la concienciación social. También se dota a los funcionarios de los Servicios Sociales de mayor autoridad y herramientas determinadas para protegerse de amenazas o situaciones de conflicto.
Otro punto digno de mención, es que a las víctimas solo se les tomará declaración una vez y se impedirá cualquier tipo de contacto entre el menor y el investigado.
Esto solo es un breve resumen de las modificaciones y novedades que se incluyen en la actual Ley de Protección al Menor, pero si te interesa el tema, puedes aportar mucho a la sociedad del mañana escogiendo una formación especializada en la materia y orientando tu carrera hacia la protección de la infancia.
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